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En los últimos meses se han producido diversas novedades en la legislación que afecta a los préstamos hipotecarios, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la nueva Ley de 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La nueva Ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios recoje algunas de las consecuencias de las sentencias previas, proporcionando nuevas posibilidades de defensa de los afectados, afectando a la legalidad de las cláusulas suelo y a los procedimientos de desahucio, limitando los intereses de demora y costas y cambiando la forma de calcular el importe mínimo de la subasta de la vivienda.

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El Tribunal de Cuentas ha reforzado el departamento que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos, que ha pasado de 12 a 26 miembros. De esta forma se espera paliar el retraso con el que presenta sus informes al Parlamento sobre la contabilidad de los partidos, a donde llegan con más de cuatro años de demora.

De hecho, el último informe fue entregado en el Congreso en abril del año pasado, aunque auditaba las cuentas de 2007. El motivo principal de esa tardanza es que el Tribunal está obligado a fiscalizar los gastos de los partidos en todas las convocatorias electorales y que esos estudios paralizan el resto, ya que deben ser presentados en un plazo fijado por la ley.

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La nueva ley de tasas judiciales ha comenzado a aplicarse hoy tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado (15 de julio de 2012) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro.

La orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013.

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La polémica Ley de Tasas Judiciales, que introduce alzas que van desde los 50 hasta los 750 euros al iniciar cualquier acción judicial en el ámbito civil, se encuentra en vigor desde hoy. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer el texto definitivo de una norma que ha pasado por su trámite legislativo, con carácter de urgencia, con el único apoyo del Gobierno, y que cuenta con la oposición de un amplio sector del ámbito judicial.

Desde Grupo Legislae nos hemos adherido a diferentes colectivos profesionales en lucha contra este decretazo, pues entendemos que es inconstitucional. Y a tal efecto hemos iniciado numerosas acciones a fin de conseguir su derogación. Si bien, entre tanto no queda más remedio que su abono. Os mantendremos informados sobre la evolución de la controversia que supone la aprobación de este Decreto.

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