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En los últimos meses se han producido diversas novedades en la legislación que afecta a los préstamos hipotecarios, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la nueva Ley de 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La nueva Ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios recoje algunas de las consecuencias de las sentencias previas, proporcionando nuevas posibilidades de defensa de los afectados, afectando a la legalidad de las cláusulas suelo y a los procedimientos de desahucio, limitando los intereses de demora y costas y cambiando la forma de calcular el importe mínimo de la subasta de la vivienda.

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La secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido que se suspendan las ejecuciones hipotecarias pendientes y se regulen en la legislación las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre desahucios.

Entretanto ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.

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