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En los últimos meses se han producido diversas novedades en la legislación que afecta a los préstamos hipotecarios, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la nueva Ley de 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

La nueva Ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios recoje algunas de las consecuencias de las sentencias previas, proporcionando nuevas posibilidades de defensa de los afectados, afectando a la legalidad de las cláusulas suelo y a los procedimientos de desahucio, limitando los intereses de demora y costas y cambiando la forma de calcular el importe mínimo de la subasta de la vivienda.

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La Audiencia Provincial de Burgos ha establecido en una resolución, por primera vez en España, que nadie podrá ser obligado a abandonar su vivienda por un desahucio sin que un juez haya podido analizar previamente las cláusulas de la escritura de hipoteca ejecutada para comprobar si son abusivas.

Se trata de la primera resolución en España, contra la que no cabe recurso alguno, en la que se aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según se establece en el auto, no podrá señalarse ninguna subasta ni celebrarse ningún lanzamiento hipotecario sin que previamente se haya analizado y valorado por el juez la posibilidad de que en la escritura de hipoteca existan cláusulas nulas, ilícitas o abusivas.

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El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Córdoba ha paralizado por primera vez un desahucio en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la Ley Hipotecaria española incompatible con la normativa europea de defensa del consumidor.

El aplazamiento del desahucio se ha producido en respuesta al escrito presentado por los abogados de la afectada, que se sustenta en la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el que se reconocía que la legislación hipotecaria española no ofrecía todas las garantías necesarias para los consumidores.

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La secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido que se suspendan las ejecuciones hipotecarias pendientes y se regulen en la legislación las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre desahucios.

Entretanto ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.

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